CRONOLOGÍA

Causa Adicionales

10 de febrero de 2011 - Presentación de listas de candidatos: El Inicio

César Barbeito presenta la lista de candidatos de Concertación para el Desarrollo -UCR- para competir en las elecciones de octubre de ese año para cargos ejecutivos y legislativos en la Provincia de Río Negro. Sin imaginar que varios integrantes de esa lista serían condenados siendo inocentes a partir de una denuncia que formularía al día siguiente Martín Soria, hijo del candidato opositor.

11 de febrero de 2011 - La denuncia

El denunciante sostiene que hubo “sobresueldos” o un “subsistema de complementación salarial ilícito” y solo aporta regulación para acreditarlo. Básicamente, un decreto y algunas resoluciones y omite acompañar la Ley que aprueba y autoriza el pago adicionales (Ley 2397) -a los que Martín Soria llama “sobresueldos”-. Sostiene que los Ministros de Saiz y candidatos por la Concertación para el Desarrollo habrían cometido el delito de peculado y solicita a la Procuradora General, Liliana Piccinini, que intervenga de manera directa.

14 de febrero de 2011 - Actuaciones de la Procuradora General

La Procuradora Piccinini hace lugar al pedido de Martín Soria, impulsando la investigación, a pesar de que la Constitución de la Provincia de Río Negro se lo prohíbe (artículo 215 de la CP). Este accionar fue posteriormente declarado inconstitucional por el Tribunal de Apelación. Sin embargo, en expediente de los adicionales se tuvo por subsanada esta ilegalidad que debió suponer la anulación de la causa.

12 de mayo de 2011 - Ser juzgado 2 veces por el mismo hecho

La defensa de los imputados solicita la anulación de la causa de los adicionales basado en el principio constitucional que prohíbe a las autoridades juzgar a un ciudadano 2 veces por un mismo hecho. En el año 2004 se inició una causa igual a la de los adicionales con identidad de personas, de objeto y de causa de la persecución. En aquel entonces se tomaron medidas probatorias y el Gobernador Saiz declaró por escrito explicando la regulación y la forma de pago de los adicionales. La fiscal actuante y el juez a cargo dictaminaron que las medidas probatorias no arrojaron “resultados de interés para la investigación”. Es decir, que no hay evidencia de delito.

02 de mayo de 2012 - Instrucción

A pesar de que la causa de los adicionales era una réplica del expediente de 2004, avanzó. El sistema judicial se tomó casi 7 años más para investigar. Esta etapa estuvo a cargo del Fiscal Marcelo Álvarez (que convalidó todo lo actuado por Piccinini) y el Juez de instrucción Carlos Reussi. Durante esta instancia se produjo el material probatorio que se expondrá en el Juicio.

19 de junio de 2018 - Juicio

Cámara en lo Criminal de Viedma, Sala B. Integración: Gustavo Guerra Labayén, Carlos Marcelo Valverde e Ignacio Gandolfi. Los jueces Guerra Labayén y Valverde eran jueces del fuero laboral, subrogantes en el fuero penal.

– 4 de julio de 2018 – Acusación bajo presión

La acusación del fiscal era sumamente imprecisa: tanto en relación a los hechos como al delito imputado, las personas involucradas y su participación. A pesar de que correspondía su nulidad, los jueces le pidieron al Fiscal Trejo que la reformule en ese momento.
El Fiscal Hernán Trejo acusa a los imputados de la causa de los adicionales por el delito de peculado a penas de prisión efectivas e inhabilitaciones de por vida. Al día siguiente, el 5 de julio de 2018, se archivan los sumarios en su contra en el Consejo de la Magistratura de la Provincia.

– Lo que debe probarse: el delito de peculado

Cuando un funcionario público sustrae fondos del ámbito administrativo determinado por las normas, comete el delito de peculado. Lo que la norma penal busca proteger es la sujeción del funcionario a la ley para que los bienes tengan el destino asignado por ley, reglamento u orden de autoridad competente.
Para que el delito se configure se debe acreditar que los fondos fueron sustraídos del ámbito y destino determinado por las normas.

– 10 de agosto de 2018 – Sentencia

Pese a que la Cámara reconoce la inexistenca de delito, condena a los imputados sosteniendo que la sustracción de fondos exigida por la norma penal tuvo lugar en virtud de que, a criterio de los jueces, el adicional debió pagarse por otro mecanismo igualmente legal: el pago de haberes. De acuerdo con el Código Penal, no hubo delito. Según el criterio creado por los jueces, si.

07 de septiembre de 2020 - Superior Tribunal de Justicia

Integración: Sergio M. Barotto, Enrique J. Mansilla y Ricardo A. Apcarian, junto con los subrogantes Juez Adrián F. Zimmermann y Jueza Ma. Rita Custet Llambí

– Integración irregular

La Jueza subrogante en la causa, María Rita Custet Llambí, se desempeñó como Directora General de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno de Río Negro entre 2007 y 2009. En otras palabras, la Jueza subrogante que integra el voto de condena era funcionaria de la gestión de gobierno investigada. Este hecho motivó una denuncia penal en contra de la jueza, que fue rápidamente desestimada, y la denuncia por parte de los condenados en la causa de los adicionales ante el Consejo de la Magistratura (para más información, Ver Cronología de Actuaciones Ante el Consejo de la Magistratura).

– Voto de 3: condena

Integrado por el juez Apcarián y los jueces subrogantes Zimmermann y Custet Llambí. Los jueces confirman y validan el criterio de la Cámara y, al mismo tiempo, sostienen algo diferente: que la sustracción de fondos exigida por la norma penal se producía porque los funcionarios cobraban en efectivo el dinero del adicional. De allí infieren, sin pruebas, que el dinero se habría salido de control y que “no queda tan claro” el destino de los fondos, interpretando su propia duda en contra de los imputados -esto es, vulnerando el principio de inocencia-. Cobrar dinero en efectivo no es delito en el Código Penal. Sí es delito, según el criterio creado por los jueces.

– Voto de 2: absolución

Integrado por los jueces titulares Barotto y Mansilla. Los jueces sostienen que la acusación fiscal es nula por no cumplir con las exigencias legales. Asimismo, sostienen que la sentencia de la Cámara luce insuficiente en tanto no logra demostrar que el delito se hubiera cometido. Y concluye que la Sentencia de la Cámara es una sentencia arbitraria y que, por tanto, deberá ser nulificada.

Septiembre de 2020 - Abogados defensores presentan Recurso Extraordinario Federal

Frente a la decisión del Superior Tribunal de Justicia, los abogados defensores interpusieron el Recurso Extraordinario Federal para que el caso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

10 de Marzo de 2021 - El STJ concede el Recurso Extraordinario Federal

Los jueces del STJ dijeron: “… en el estrecho marco previsto para el presente análisis de admisibilidad, advertimos que los letrados firmantes presentan argumentaciones serias, concretas y razonadas tendientes a probar que tanto la Cámara de juicio actuante como la mayoría de este Cuerpo han obviado los requisitos mínimos que den sustento legal a lo resuelto respecto de sus representados. De tal modo, los agravios esgrimidos revisten una plausible naturaleza federal, por lo que consideramos que deben ser habilitados.” (considerando 8.2 de la decisión. Resaltado agregado)

Actuaciones ante el Consejo de la Magistratura

05 de octubre de 2020 -Denuncia por mal desempeño: María Rita Custet Llambí

La denuncia fue realizada por 6 de los condenados en la causa de los adicionales y le pide al Consejo de la Magistratura de la Provincia de Río Negro que investigue el desempeño de la Jueza subrogante María Rita Custet Llambí, en virtud de que le asistía el deber legal y ético de apartarse de la causa de los adicionales y, sin embargo, no lo hizo.
Custet Llambí se desempeñó como Directora General de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno (2007-2009) durante la gestión del Gobernador Saiz investigada en la causa de los adicionales.
Como mínimo la jueza incumplió con el deber de excusarse en la causa, de máxima podría haber incurrido en el delito de prevaricato.

06 de noviembre de 2020 - Recusación de la Presidenta del Consejo de la Magistratura: Liliana Piccinini

Los denunciantes solicitaron el apartamiento de Liliana Piccinini que, en su carácter de Presidenta del Consejo de la Magistratura, tiene a su cargo resolver sobre el avance de la investigación por mal desempeño de la jueza subrogante Rita Custet Llambí.
Liliana Piccinini tuvo intervención directa en la causa de los adicionales siendo Procuradora General y, por este motivo, se apartó ella misma de intervenir como Jueza del STJ en la causa. Por idéntica razón, los denunciantes solicitan en esta instancia su apartamiento.

5 febrero de 2021 - Solicitud de copias del acta de sorteo de designación de los jueces subrogantes en el caso de los adicionales.

Los denunciantes solicitaron al Consejo de la Magistratura -CDM- que incorpore el acta de designación y/o sorteo de los jueces subrogantes, Ma. Rita Custet Llambí y Adrián Zimmerman, que intervinieron en la causa de los adicionales, por no encontrarse en la copia fiel del expediente.

5 febrero de 2021 - El CDM rechaza incorporar al expediente las copias de acta de designación de los magistrados subrogantes.

En el mismo día en que se presentó la solicitud de copias del acta de designación y/o sorteo de los jueces subrogantes, el CDM rechaza la solicitud. Para justificar su decisión, el CDM remitió a dos decisiones anteriores que nunca fueron notificadas y que manda a notificar en ese mismo acto.

8 de Febrero 2021

El Consejo de la Magistratura notifica a los denunciantes otras 2 decisiones:

11 de diciembre de 2020 - El CDM rechaza la recusación de su Presidenta, Liliana Piccinini.

El CDM sostuvo que aún cuando la jueza Piccinini actuó directamente en la causa siendo Procuradora fiscal, según el CDM “no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de excusación y que no tiene impedimento alguno para intervenir en la presente causa disciplinaria”. Y que aún cuando la imparcialidad judicial es un valor, las reglas de recusación/excusación deben interpretarse restrictivamente.

Estos fueron los argumentos que la propia Liliana Piccinini presentó ante el CDM para que rechace su apartamiento del caso. El CDM hizo suyos esos argumentos para fundar su decisión.

23 de diciembre de 2020 - El CDM rechaza investigar por mal desempeño a la jueza subrogante Ma. Rita Custet Llambí.

El CDM, presidido por la magistrada Liliana Piccinini, resolvió por unanimidad desestimar sin más trámites y archivar la denuncia por mal desempeño.
Para fundar su decisión, el CDM afirmó que la designación de la jueza Custet Llambí “…ha sido generada por el propio impulso de los letrados defensores de los denunciantes. En consecuencia, resulta a todas luces improcedente que ahora pretendan cuestionar su participación como Jueza Subrogante…” (resaltado agregado).

El CDM afirmó tener conocimiento de la designación irregular de al menos una jueza en la causa, y utilizó dicho reconocimiento para desestimar la investigación.

23 de febrero de 2021 - Solicitud de apertura de la investigación por mal desempeño y aclaratoria de los fundamentos dados por el CDM.

Los denunciantes, amparados en la vulneración a la garantía de ser juzgados por jueces imparciales, le solicitaron el CDM la reapertura de la investigación y que explique e investigue la designación de jueces subrogantes en la causa.

La falta de excusación de la jueza Custet Llambí, sumada a su designación irregular y a la falta de constancias sobre la designación de los 2 jueces subrogantes que integran el voto de condena en el caso, debiera implicar una investigación exhaustiva sobre el desempeño de los actores judiciales en el caso y la nulidad de todo lo actuado.