Relevamiento de la causa

4. Instancia casatoria

Decisión del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

Jueces intervinientes: Sergio M. Barotto, Enrique J. Mansilla y Ricardo A. Apcarian, junto con los subrogantes Juez Adrián F. Zimmermann y Jueza Ma. Rita Custet Llambí

Fecha: 07/09/2020

Decisión: confirma la condena por 3 votos contra 2.

Valoración probatoria y condenas 3 a 2.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho en el fallo Casal que la prueba debe valorarse de acuerdo al estándar de la sana crítica racional. Ese estándar incluye utilizar el método histórico para corroborar que las pruebas tengan valor probatorio, y si las conclusiones arrojaran dudas respecto de la culpabilidad de los imputados se deberá decidir a favor del beneficio de la duda (principio de inocencia).

 Método histórico + Duda = Inocencia

 A su vez, en el fallo Carrera, la Corte sostuvo que las piezas probatorias deben siempre valorarse a la luz de la hipótesis de la inocencia; y, si fueran compatibles con ella, la absolución se impone (principio de inocencia).

Si la prueba fuera contundente en relación a la comisión del delito, ningún juez debería tener dudas de la condena. Sin embargo, las condenas 3 a 2 exigen un riguroso análisis de la forma en que los jueces tomaron su decisión con el fin de verificar si honraron adecuadamente el principio de inocencia.

El caso llega al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) para su revisión.
Una vez admitido el recurso, los jueces revisarán 2 cuestiones: 

1) Si el requerimiento de elevación a juicio fue claro, preciso, circunstanciado en relación a los hechos, los imputados y la calificación legal.

2) Si la sentencia de Cámara se dictó conforme a derecho. Es decir, si los hechos fueron verificados y el derecho correctamente aplicado.

Voto de 3 (1 titular y 2 subrogantes)
Juez titular: Ricardo A. Apcarian
Jueces subrogantes: Adrián F. Zimmermann y Mª Rita Custet Llambí
Decisión: Confirmación de la sentencia de la Cámara (condena)

1) 1ra cuestión. Requerimiento fiscal de elevación a juicio: ¿corresponde la nulidad? (Punto 2 del voto de los jueces)

 

El artículo 319 del CPP vigente al momento del juicio (Ley K 2107), establece que “el requerimiento de elevación a juicio deberá contener, bajo pena de nulidad, los datos personales del imputado; una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación legal y una exposición sucinta de los motivos en que se funda”.

Las defensas de los imputados plantearon déficits serios referidos a la forma en que se formuló la imputación, que impidieron ejercer una defensa eficaz. 

Los jueces de este voto rechazaron el planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio realizado por las defensas y razonan apartándose de lo exigido por el texto legal. Los planteos y las consideraciones de los jueces fueron las siguientes:

– Imprecisión de los hechos descriptos en la requisitoria de elevación a juicio

Hechos. De la requisitoria de elevación a juicio surge que los imputados no estaban claramente definidos, como así tampoco las conductas imputadas a cada uno de ellos. La calificación legal tampoco era clara pues en algún caso no se especificó y en otros se imputó más de un delito sin especificar el tipo de concurso ni de qué forma se configuraban.

STJ. Los jueces en este voto sostienen que el argumento no tiene sustento “…pues, tanto en esa pieza procesal como en los restantes actos pertinentes, las conductas ilícitas por las que se acusó y condenó se describieron de igual forma”.

Explicador. El punto no es si siempre se describieron igual, sino cómo se lo hizo. La descripción, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal vigente, debe ser “clara, precisa y circunstanciada”. Los jueces omiten referirse al modo en que las conductas deben ser descriptas y al modo en que efectivamente se lo hizo. Así, argumentan sólo de manera aparente y en contra de los afectados.

– Calificación legal. 

Hechos. En algunos supuestos el Fiscal no especificó la calificación legal y en otros imputó por dos delitos diferentes sin especificar cómo se configurarían uno u otro o ambos al mismo tiempo.

STJ. Los jueces de este voto sostienen que “…no se advierte que la subsanación habilitada en la audiencia inicial, al otorgarle el tribunal la posibilidad al representante del Ministerio Público Fiscal de que supliera las omisiones advertidas, haya ocasionado algún perjuicio al derecho de defensa sino más bien todo lo contrario, en tanto se precisó el alcance de las tipificaciones e intervenciones atribuidas a cada autor y partícipe…”.

Explicador. La habilitación para subsanar “las omisiones advertidas” no es más que el reconocimiento de las deficiencias en la imputación. A pesar de este reconocimiento y de la claridad de la norma en cuanto establece que el acto debe declararse nulo, los jueces deciden apartarse de la manda legal y continuar con el proceso. A su vez, los jueces omiten referir que el perjuicio es claro y palpable en la medida en que el avance del juicio no sólo impactó en su derecho de defensa y a un debido proceso legal sino que terminó con una sentencia condenatoria.

– Perjuicio. 

STJ. Los jueces insisten en que “…cabe señalar que en los agravios no se expusieron ni se advierten perjuicios serios y concretos, ni el interés jurídico en que se sustenta la petición de nulidad, pues simplemente se solicita a este Tribunal que la declare con remisión a argumentos insustanciales y meras formalidades..”.

Explicador. La falta de precisión y claridad en la imputación pone en situación de indefensión a las personas sometidas a proceso. En este sentido, los jueces de este voto parecen obviar que el avance de la causa, al margen de las normas legales establecidas y con una imputación vaga e imprecisa, no sólo causó un perjuicio claro en el ejercicio del derecho de defensa en juicio; sino que, además, supuso una vulneración al derecho a un debido proceso legal de los imputados. Sumado a ello, este proceso irregular desde el comienzo, finalizó con una sentencia condenatoria que incluye penas de prisión efectiva e inhabilitaciones de por vida causando un perjuicio claro para quienes fueron sometidos a proceso.

A pesar de la claridad de la norma legal, y que los jueces del STJ tienen el deber de garantizar la plena vigencia de los derechos constitucionales de los imputados, concluyen: “….el planteo de nulidad de la requisitoria de elevación a juicio carece de sustento fáctico y jurídico…”.

2) 2da cuestión. Revisión de la sentencia de Cámara: hechos y calificación legal.

Los jueces del STJ sostienen que hay hechos no controvertidos:

  • que el Poder Ejecutivo Provincial tenía facultades para fijar beneficiarios, montos y requisitos para el pago del suplemento; 
  • que el Decreto 2/04 crea la partida presupuestaria para la implementación del pago del adicional; 
  • que la Resolución 61/04 lo implementa; 
  • las sucesivas resoluciones mes a mes para efectivizar el pago; 
  • la intervención de los mecanismos de control; 
  • el pago a los destinatarios a partir de la firma de recibos.

Recordemos lo que debe ser probado según el art. 261 del CP: 

– El ámbito de aplicación o destino dado por la ley, reglamento u orden de autoridad a los caudales o fondos públicos.

– La sustracción de los fondos públicos de ese ámbito de aplicación o destino por parte del funcionario público que tenía a su cargo administrarlos, percibirlos o custodiarlos, dándoles un destino diferente al establecido

El dolo. Debe acreditarse la intención y voluntad consciente de sustraer los caudales del ámbito y/o destino establecidos en la ley, reglamento u orden de autoridad competente y darles un destino distinto. Ello implica, también, excluir la posibilidad del error; es decir, que no se trató de un caso en que los funcionarios realizaron un pago equivocadamente, bajo el entendimiento de que se hacía conforme a derecho.

El voto de 3 jueces -1 titular, 2 subrogantes- del STJ (Puntos 3 a 9 del voto) resolvió a partir de un criterio propio y, al mismo tiempo, validando la decisión de la Cámara. Ambos criterios son diferentes y, es por ello, que el voto condenatorio tiene una fundamentación contradictoria.

 

El criterio del voto de 3 del STJ.

 

El criterio del voto de 3 del STJ es el siguiente: los 3 jueces sostuvieron que en el caso la “sustracción” se habría producido en el momento en que los funcionarios cobraban el dinero en efectivo, pues ello implicaría que los fondos se salieron de control. Dicen: 

“La sustracción se tuvo por consumada con el quebrantamiento de la esfera de actividad patrimonial de la Administración Pública, pues desde que cobraban los cheques el dinero en efectivo salió de todo control, custodia y actividad reglada de la Administración.” (Punto 3 del voto de los jueces)

Recordemos que, para que haya “sustracción” en los términos del Código Penal, se le debió haber dado a los fondos un destino distinto al que la regulación establecía. Sin embargo, en el caso, la propia regulación vigente establecía la forma de pago y el destino que debía dársele al dinero. Ambos extremos fueron acreditados en juicio.

Seguidamente, y a partir de la valoración de una pieza probatoria de forma aislada, el STJ sostiene que:

 “…[d]e lo expuesto cabe concluir que, (…) tal como surge del informe del Tribunal de Cuentas, no queda tan claro el destino de la totalidad de esos montos, o al menos de algunas porciones importantes del total”. (resaltado agregado. Punto 5 de la sentencia.)

Y agregan, sin ningún sustento probatorio que:   

“…aun cuando no se encuentra controvertido que es una facultad discrecional del Poder Ejecutivo Provincial y, en su caso, del Ministro de Coordinación o Secretario de la Gobernación, fijar beneficiarios y montos del suplemento, así como los requisitos para acceder a su pago, de ninguna manera puede considerarse comprendido en esas facultades que los funcionarios actúen con la discrecionalidad mencionada y así sustraigan los caudales públicos (al cobrar a título personal los cheques) y los saquen de la esfera de custodia de la Administración. Esto configura una conducta ilícita y no es relevante para su subsunción en el tipo penal analizado determinar si ese dinero después fue gastado, repartido -de la manera que sea- o no. Se trata justamente, a nuestro entender, de la conducta que el legislador prohibió al sancionar la norma en tratamiento.” (resaltado agregado. Punto 6 de la sentencia)

Es decir, los jueces del voto de 3 del STJ afirman: 

 primero, que el dinero se salió de todo control;
-afirman hechos sin ningún sustento probatorio-

 luego, que “no queda tan claro” el destino de los fondos;
-afirman hechos que son contradictorios con la valoración probatoria realizada por la Cámara Criminal que consideró todos los elementos de prueba que constan en la causa y que acreditan el efectivo destino de los fondos conforme la regulación vigente. Además, interpretan la duda en contra de los imputados vulnerando el principio de inocencia-

 por último, que no importa determinar cuál fue el destino de los fondos.
-pretenden omitir el deber de probar los extremos exigidos por la norma penal-

Contradicciones en la fundamentación del voto condenatorio de 3. 

El voto de 3 del STJ  determina los hechos del caso con un criterio distinto a la Cámara. A pesar de ello, el voto de 3 del STJ afirma que: 

“… el sentenciante [la Cámara] realizó una correcta valoración de la prueba incorporada, teniendo en cuenta el plexo normativo.” (resaltado agregado. Punto 9 de la sentencia)

Y agrega: 

la sentencia [de Cámara] se encuentra fundada en forma adecuada y suficiente, con base en la prueba colectada y allí descripta, así como también ha aplicado correctamente la ley sustantiva (…) En definitiva ha quedado evidenciado entonces el acierto de los fundamentos expresados por el juzgador para arribar al temperamento adoptado respecto de la totalidad de quienes resultaron condenados por los hechos analizados (primero y segundo)” (resaltado agregado. Punto 12 de la sentencia)

Sin embargo, adherir a los fundamentos de la Cámara resulta contradictorio.

Resumen de las contradicciones del voto de 3 del STJ.

Valoración probatoria

– La Cámara tuvo por probado que el adicional estaba establecido en normas legales vigentes y que el destino de los fondos fue el declarado en la normativa. 

– Los jueces del STJ sostienen que la Cámara valoró correctamente la evidencia. Al mismo tiempo, y de forma contradictoria, los jueces sostienen: 

– sin pruebas, que el dinero se salió de todo control; 

– valorando parcialmente la evidencia, que no está tan claro el destino de los fondos; y, 

– apartándose de la ley, que no hace falta acreditar que el destino de los fondos fuera diferente al declarado en la normativa.

Entonces, ¿se cometió algún delito? La respuesta es: NO

– La Cámara sostuvo que hubo “sustracción” no porque se hubiere afectado el destino de los fondos fijado por la normativa, sino porque, según los jueces, el suplemento debió pagarse por otro mecanismo igualmente legal: el del pago de haberes. 

– Los jueces del STJ sostuvieron que la Cámara aplicó correctamente la ley penal y, al mismo tiempo, sostuvieron que hubo “sustracción” no porque se hubiere afectado el destino de los fondos fijado por la normativa, sino porque los funcionarios cobraban en efectivo el dinero del adicional. De allí infieren que el dinero se habría salido de control y que “no queda tan claro” el destino de los fondos. 

Ambos tribunales condenan por un delito que en ningún caso se ha acreditado. El voto de 3 del STJ sostiene al mismo tiempo lo dicho por la Cámara y una versión diferente del caso que no tiene sustento probatorio en el expediente.

– Configuración del dolo o voluntad de sustraer caudales públicos según el voto de 3 jueces del STJ.

El voto de los jueces remite a lo decidido por la Cámara que tuvo por acreditado el dolo de modo genérico y a través de un análisis parcial basado en indicios.

3) Decisión del voto de 3.

Confirman la sentencia impugnada. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que: 

“…Cuando no puede reconocerse en la sentencia la aplicación del método histórico en la forma en que lo condicionan la Constitución y la ley procesal, corresponde entender que la sentencia no tiene fundamento. En el fondo, hay un acto arbitrario de poder.” (resaltado agregado)  

CSJN, fallo Casal, considerando 31.

Voto de 2 (titulares)
Jueces titulares: Sergio M. Barotto y Enrique J. Mansilla
Decisión: Nulidad de la sentencia de la Cámara (inocencia) 

1) 1ra cuestión. Requerimiento fiscal de elevación a juicio: ¿corresponde la nulidad? (Punto 5.2 voto de los jueces titulares del STJ)

Los jueces sostienen, con mención a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,  que el requerimiento fiscal de elevación a juicio es nulo por las siguientes razones: 

– La Cámara en lo Criminal trató la cuestión de manera superficial, con una fundamentación aparente. Pues no reparó en la trascendencia de las imprecisiones y omisiones denunciadas por las defensas y dejó de lado, además, el texto de la ley procesal que expresamente contempla la sanción de nulidad. 

– La requisitoria tiene omisiones serias -no meras desprolijidades- que resultan incomprensibles en una causa cuya complejidad e inocultable relevancia social demandaban una especial diligencia funcional de parte del Ministerio Público Fiscal.

– La acusación del Ministerio Público Fiscal no cumplió con los postulados de claridad, detalle y precisión y la mayor parte de los datos ausentes en la requisitoria tampoco fueron aportados por el Fiscal de Cámara cuando se le dio oportunidad de hacerlo, en algunos aspectos incluso aportó mayor confusión al asunto (imprecisiones en la imputación, en los nombres y cargos de los imputados, etc.).

2) 2da cuestión. Revisión de la sentencia de Cámara: hechos y calificación legal.

Los jueces titulares sostienen en su voto:

“…que la Cámara en lo Criminal concluyó en la atribución de responsabilidad penal por la figura típica de peculado -respecto de los imputados a los que resolvió condenar como autores o como partícipes primarios- sin brindar fundamentos suficientes para arribar a esa conclusión, o incluso proporcionando argumentos aparentes o contrarios a las circunstancias probadas en la causa…” (resaltado agregado, conf. punto 5.3 del voto de los jueces titulares)

2.1. Ausencia de delito. (Puntos 5.3, 5.4 y 5.5 del voto de los jueces titulares)

Según los jueces titulares del STJ, la Cámara tuvo en cuenta los aspectos probatorios del circuito de pagos, pero no se ocupó de valorar de acuerdo al método de la sana crítica racional si esos elementos probatorios eran constitutivos del delito de peculado. 

Los jueces titulares del STJ sostienen que la Cámara da por probado que los montos pagados habrían sido “sustraídos” de un supuesto canal propio o normal, para orientarlos a otra senda anormal para su distribución. Sin embargo, según el voto de 2 del STJ, surge del expediente que: 

– El adicional preveía su propio canal, contaba con su propia partida presupuestaria. Tenía una previsión presupuestaria específica que posibilitó, a su vez, una distribución a través de expedientes administrativos que daban cuenta de los sucesivos controles que intervenían en su implementación. 

– El adicional “tenía sustento en diversas normas que no han sido cuestionadas en su constitucionalidad: el Decreto 2/2004, mediante el cual el entonces Gobernador lo creaba, con su respectiva partida presupuestaria, y luego surgen las sucesivas resoluciones que lo fueron instrumentando mes a mes. Asimismo, se encuentra fuera de toda controversia la legalidad de la atribución funcional que posibilitó el dictado del referido decreto, en tanto la Ley 2397 establece: ʻFacúltase a los titulares de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial a dictar las normas que regulen en su ámbito de aplicación el sistema de bonificaciones y adicionales personales y/o funcionalesʼ” (resaltado agregado).

– La modalidad de pago aplicada (por cheque acompañado de declaración jurada) estaba habilitada por normativa del Banco Central de la República Argentina.

Los 2 jueces titulares concluyen que: “…la motivación del fallo [de la Cámara] luce insuficiente, en tanto no logra demostrar en forma clara de qué manera los hechos investigados quedarían subsumidos en el verbo típico…”. Es decir, no logra demostrar que el delito se hubiera cometido. 

2.2. Motivación confusa y contradictoria de la sentencia de Cámara según el voto de los jueces titulares. (Punto 5.6 de la Sentencia)

“Motivar” 

Significa que la sentencia debe estar fundada en razones y que ese razonamiento debe ser inteligible y controlable por las partes. Es decir, la forma en que los jueces razonaron debe explicitarse en la sentencia con la finalidad de controlar su razonamiento y evitar condenas erradas.

El voto de 2 jueces del STJ afirma que la sentencia de Cámara contiene dos confusiones y una contradicción:

Confusión 1: la Cámara no es clara en su razonamiento. Pues parece describir situaciones en las que resulta confuso determinar de qué delito se trata. 

Contradicción: la Cámara señala, por un lado, que la conducta de los imputados habría “genera(do) un estado de incertidumbre sobre el destino de los caudales públicos“; y, al mismo tiempo, sostiene que “…debemos ser enfáticos en que en estos autos no se ha probado que se les haya dado un destino distinto del declaradoʼ”. 

Se advierte “…la manifiesta contradicción en la que incurre el juzgador, (…) ante esta última constatación, solo habría correspondido que el tribunal valorara esa circunstancia a favor de los acusados”. (resaltado agregado) Y agregan que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que si el fallo incurre en una autocontradicción, ello lo descalifica como acto jurisdiccional válido (Fallos 296:658, 297:280, 302:1372, 306:344, 310:1433 y 325:874).

Confusión 2: La Cámara señala que el bien protegido sería “el normal funcionamiento de la administración pública” y alega la supuesta falta de transparencia en la modalidad de pago. Sin embargo, los jueces del STJ afirman que esto sólo aporta confusión pues el peculado de ningún modo busca tutelar la transparencia de los actos de gobierno; y, además, 

“…la falta de transparencia que la Cámara afirma porque el pago no se consignaba en el recibo correspondiente a los respectivos haberes, no sería tal en tanto ha quedado acreditado que todos los pasos que debían cumplirse para el pago del suplemento se registraban no solo en los expedientes administrativos -a los que tuvo acceso este tribunal-, sino también en un sistema informático que, lejos de permanecer oculto, era accesible para numerosos agentes de las diversas jurisdicciones del Poder Ejecutivo, como explicaron diversos testigos en el juicio.” (resaltado agregado)

2.3. El dolo o voluntad de sustraer caudales públicos: motivación deficiente en el análisis y acreditación del dolo en la sentencia de la Cámara. (Punto 5.7 y 5.8 de la Sentencia)

Motivación deficiente: los jueces titulares sostienen que la Cámara afirma la existencia de dolo en todos los imputados, sin brindar fundamentos convincentes ni suficientes que permitan apreciar cómo se tuvo por acreditado ese extremo en relación con cada uno de los supuestos autores y partícipes de los hechos primero y segundo. Agregan que en idéntico déficit también incurrió el Ministerio Público Fiscal. 

Se relataron en el juicio, una y otra vez, los distintos pasos y controles internos y externos que se realizaban, por lo que resulta razonable que los imputados no sospecharan que ese mecanismo pudiera ser contrario a normativa alguna

Acreditación deficiente: El tratamiento de la Cámara luce insuficiente, dado que afirmó la existencia de dolo de modo genérico y a través de un análisis parcial basado en indicios, a la vez que rechazó el planteo de que los imputados hayan realizado los pagos pensando que el mecanismo no estaba prohibido (error de prohibición), lo cual extinguiría la existencia de delito.

La Cámara tomó como indicios lo actuado en el ámbito de alguno de los Ministerios en particular. Por ejemplo, que en el Ministerio de Hacienda no se habría implementado esta modalidad de pago del adicional, y en otro caso (Ministerio de Gobierno), porque su titular hacía ratificar recibos ante una notaria, hecho del que la Cámara infiere “que la modalidad de pago implementada era evidentemente irregular”.

Inconsistencia: los jueces sostienen que la cuestión de la naturaleza salarial de los adicionales es irrelevante a los efectos de dilucidar si se configuró el delito de peculado. La conclusión de la Cámara es que los adicionales debieron ser abonados de otra manera (con constancia en el recibo de sueldos, vía depósito bancario). Sin embargo, el interrogante que surge es si el canal utilizado era contrario a alguna ley y, más específicamente, si esa diferencia en el canal de pago constituye algún delito, lo que según los jueces del STJ, no ha sido aclarado.

3) Decisión. (Punto 5.9 de la Sentencia)

Los jueces fundamentan que, por las razones señaladas, la Sentencia de la Cámara es una sentencia arbitraria y que, por tanto, “…deberá ser nulificada, al igual que el tramo procedimental habido desde la formulación de la requisitoria fiscal de elevación a juicio en adelante -aquella etapa incluida-…” (resaltado agregado).

Frente a la decisión del voto de 3 del STJ, en septiembre de 2020 los abogados de los imputados presentaron un Recurso Extraordinario Federal con la finalidad de que el caso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

El Recurso Extraordinario Federal es un remedio procesal de carácter excepcional. Se presenta ante el propio Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que decidirá sobre la procedencia del recurso. 

Si el STJ concede el Recurso, el caso va a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Si no concede el Recurso, las partes pueden presentar el recurso en queja directamente ante la Suprema Corte que puede decidir directamente sobre su procedencia.

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RELEVAMIENTO
DEL EXPEDIENTE

5. Relevamiento de la causa

Frente a la solicitud de los defensores de los imputados de que el caso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro decidió conceder el Recurso Extraordinario Federal. Es decir, que el propio STJ consideró que el caso debe ser revisado por la Corte Suprema

ACTUACIONES ANTE EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

La Jueza Ma. Rita Custet Llambí.

La jueza subrogante María Rita Custet Llambí, del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que sentenció en el caso, formó parte del voto que confirmó la condena. La jueza, sin embargo, debió haberse excusado(1) de la causa pues fue funcionaria del Gobierno de Saiz durante el periodo investigado (2004-2011).
María Rita Custet Llambí se desempeñó como Directora General de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno de Río Negro en el período comprendido entre diciembre de 2007 a septiembre de 2009. Dado que es posible que la jueza subrogante Custet Llambí tuviera conocimiento de los hechos investigados y juzgados en el caso, le asistía el deber de excusarse en la causa.