Resumen de la causa

El inicio de la causa incluye una serie de llamativas coincidencias.

El 10 de febrero de 2011, César Barbeito presentó la lista de candidatos a la interna de la UCR en la que estaban incluidos varios ministros del Gobierno de Saiz. Al día siguiente, Martín Soria, hijo del candidato opositor, realizó una denuncia en la que aportó regulaciones -básicamente, un decreto y algunas resoluciones- para afirmar que se habría configurado el delito de peculado por parte de los funcionarios de Saiz y solicitarle a la Procuradora General que instruya personalmente en la causa. 

Tres días después, el 14 de febrero, la Procuradora General Liliana Piccinini impulsó la causa de manera directa, aun cuando la Constitución de la Provincia lo prohibía expresamente (art. 215 de la Constitución provincial). Ese mismo día, el Diario Río Negro publicó una noticia titulada “Se reparten sobresueldos los ministros de Saiz”(1).

El Gobierno de Saiz incluía al Gobernador, Vicegobernador, 21 Ministros y numerosos cargos funcionariales durante el periodo investigado (2004-2011). Sin embargo, sólo se imputó y se juzgó a algunos y no a otros de igual, mayor o menor rango. La imputación sí incluyó a quienes formaban parte de la lista de candidatos liderada por César Barbeito.

Así, en la causa constan numerosas irregularidades. Entre otras, las siguientes:

1) Violación del principio constitucional a no ser perseguido dos veces por el mismo hecho (ne bis in idem).

2) Actuaciones iniciales nulas llevadas adelante de manera directa por la Procuradora General, Liliana Piccinini.

3) Imputación nula (art. 319 del Código Procesal, Ley K 2107) y vulneración del derecho defensa en juicio y a un debido proceso legal.

4) Sentencias arbitrarias: tanto la Cámara Criminal como el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro -en adelante, STJ- condenan aún cuando acreditan y afirman la inexistencia de delito (lo que configuraría la figura de prevaricato(2) de los jueces de Cámara y STJ).

5) Integración irregular del STJ: la Jueza subrogante Ma. Rita Custet Llambí, que conforma la mayoría del voto que confirma la condena, fue funcionaria del Gobierno de Saiz durante el período investigado (2004-2011). De acuerdo con la ley, le asistía el deber de apartarse de la causa -de excusarse-, y sin embargo no lo hizo.

Para acceder a información detallada de cada una de estas irregularidades, te sugerimos leer las demás secciones de esta página.

Sobre la inocencia de los condenados.

En el proceso penal hay algunas reglas básicas:

1) Los imputados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y ello quede firme en una sentencia producto de un debido proceso legal. 

2) Fiscal y juez de instrucción tienen todo el sistema de justicia y seguridad a su disposición para investigar. No sucede lo mismo con las defensas.

3) Dado este dato de “cancha inclinada”, toda la carga de la prueba recae sobre los fiscales. Es decir, son ellos quienes deben acreditar aquello que dicen que sucedió.

4) En el juicio, una vez escuchadas todas las partes, una Cámara Criminal valorará la prueba y determinará qué hechos han sido efectivamente probados. Para derribar el estado de inocencia, los jueces deben tener razones basadas en evidencia acerca del hecho y su autoría. Si los jueces tuvieran dudas, el estado de inocencia permanecerá intacto. No alcanza con “sospechar” , “creer” o “afirmar”, hay que probar.

5) Todo ciudadano imputado en una causa penal tiene derecho a que un 2do tribunal revise la decisión tomada luego del juicio. En Río Negro, el derecho a la segunda instancia debe ser garantizado por el Superior Tribunal de Justicia que controlará la forma en que se determinaron los hechos y la aplicación del derecho al caso. 

En la causa, el fiscal falló en probar la culpabilidad de los imputados y sin embargo el tribunal condenó. Aquí un breve resúmen de la forma en que razonaron los tribunales sobre este punto.

– Delito: peculado.

“Será reprimido con reclusión o prisión de 2 a 10 años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”

Lo que se protege es la sujeción del funcionario a la ley para que los bienes tengan el destino asignado por ley, reglamento u orden de autoridad competente. Para que se configure el peculado, los fondos deben “sustraerse” del ámbito administrativo determinado por las normas.

– Valoración probatoria.

 La Cámara Criminal tuvo por probado que el adicional estaba establecido en normas legales vigentes y que el destino de los fondos fue el declarado en la normativa. 

El Superior Tribunal de Justicia -STJ- resolvió de forma dividida: un voto de 3 jueces que resolvió confirmar la condena y un voto de 2 jueces que absuelve por ausencia de delito.

Los 3 jueces de la cuestionada (ver Actuaciones ante el Consejo de la Magistratura) mayoría del STJ sostienen que la Cámara valoró correctamente la evidencia. Al mismo tiempo, y de forma contradictoria, los jueces sostienen: 

– sin pruebas, que el dinero se salió de todo control; 

– valorando parcialmente la evidencia, que no está tan claro el destino de los fondos; y, 

– apartándose de la ley, que no hace falta acreditar que el destino de los fondos fuera diferente al declarado en la normativa.

– Entonces, ¿se cometió algún delito? La respuesta es: NO

La Cámara sostuvo que hubo “sustracción” no porque se hubiere afectado el destino de los fondos fijado por la normativa, sino porque, según los jueces, el suplemento debió pagarse por otro mecanismo igualmente legal: el del pago de haberes. 

Los 3 jueces del STJ que condenan sostuvieron que la Cámara aplicó correctamente la ley penal y, al mismo tiempo, sostuvieron que hubo “sustracción” no porque se hubiere afectado el destino de los fondos fijado por la normativa, sino porque los funcionarios cobraban en efectivo el dinero del adicional. De allí infieren que el dinero se habría salido de control y que “no queda tan claro” el destino de los fondos, interpretando su propia duda en contra de los imputados -esto es, vulnerando el principio de inocencia-. 

El voto de los 2 jueces del STJ que absuelven, sostiene que no se acreditó delito alguno.

Ambos tribunales, la Cámara y el STJ, condenan por un delito que en ningún caso se ha acreditado.

El voto de 3 del STJ que condena sostiene, al mismo tiempo, lo dicho por la Cámara y una versión diferente del caso que no tiene sustento probatorio en el expediente.

CITAS:
1) Esta nota consta en el expediente en fs. 334. No ha sido posible encontrarla on line (última consulta 23 de diciembre de 2020).
2) Este delito consiste en dictar resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos o resoluciones que sabe falsos.

RELEVAMIENTO
DEL EXPEDIENTE

1. Preludio

En el año 2004, existió una causa igual a la que aquí se analiza. Hay identidad en las personas perseguidas, identidad en el objeto de la persecución e identidad en la causa de la persecución.

La causa se inició por la denuncia del ex-Ministro de Coordinación del Gobierno de la Provincia de Río Negro a cargo de Pablo Verani (1995-2003), Gustavo Adrián Martínez, a partir de una nota publicada el día 9 de febrero de 2004 en el Diario Río Negro por el periodista Adrián Pecollo.

3. Instancia de Juicio

El caso llega a la instancia de juicio con total falta de claridad en la imputación: tanto en relación a los hechos como al delito imputado, las personas involucradas y su participación. 

La regulación exige, bajo pena de nulidad (art. 319 del Código de Procedimiento, Ley K 2107), que los hechos y la calificación legal sean claros, precisos, circunstanciados y verificables desde la perspectiva probatoria, antes de iniciar la instancia de juicio. 

2. Inicio de la causa

El 10 de febrero de 2011, César Barbeito presentó la lista de candidatos para participar en la interna de la UCR en representación de la “Concertación para el Desarrollo”. La integraban, entre otros: César Barbeito, candidato a Gobernador; Juan Accatino, candidato a Vicegobernador; Diego Larreguy, Alfredo Pega, Cristina Uría y Francisco González, candidatos a legisladores. Todos ellos, a su vez, eran ministros de la Administración Saíz en funciones.

4. Instancia Casatoria

Decisión del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

Jueces intervinientes: Sergio M. Barotto, Enrique J. Mansilla y Ricardo A. Apcarian, junto con los subrogantes Juez Adrián F. Zimmermann y Jueza Ma. Rita Custet Llambí
Fecha: 07/09/2020
Decisión: confirma la condena por 3 votos contra 2.

5. Recurso Extraordinario Federal

Frente a la solicitud de los defensores de los imputados de que el caso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro decidió conceder el Recurso Extraordinario Federal. Es decir, que el propio STJ consideró que el caso debe ser revisado por la Corte Suprema

ACTUACIONES ANTE EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

La Jueza Ma. Rita Custet Llambí.

La jueza subrogante María Rita Custet Llambí, del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que sentenció en el caso, formó parte del voto que confirmó la condena. La jueza, sin embargo, debió haberse excusado(1) de la causa pues fue funcionaria del Gobierno de Saiz durante el periodo investigado (2004-2011).
María Rita Custet Llambí se desempeñó como Directora General de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno de Río Negro en el período comprendido entre diciembre de 2007 a septiembre de 2009. Dado que es posible que la jueza subrogante Custet Llambí tuviera conocimiento de los hechos investigados y juzgados en el caso, le asistía el deber de excusarse en la causa.

Decisiones del Consejo de la Magistratura.

Tres días después de que los denunciantes solicitaran las actas de sorteo de designación de los magistrados subrogantes, el 8 de febrero de 2021, el Consejo de la Magistratura les notificó mediante una única Nota Nro. 28/2021 “CM” 3 decisiones -dos de ellas datadas en el mes de diciembre del año anterior y una tercera datada el mismo día en que se presentó-:

  1. Acta Nro. 16/20, del 11/12/2020: rechazo del pedido de recusación de la magistrada Liliana Piccinini.
  2. Acta Nro. 17/20, del 23/12/2020: rechazo del pedido de investigación por mal desempeño de la jueza subrogante Ma. Rita Custet Llambí. 
  3. Asimismo, y con remisión al Acta Nro. 17/20, el CDM decidió denegar el pedido de copias certificadas del acta de designación de los magistrados subrogantes en el caso con velocidad inusitada: el mismo día que fueron solicitadas -esto es, el 05 de febrero de 2021-.